viernes, 6 de febrero de 2009

LOS PADRES Y MADRES: ¿COGESTORES O CLIENTES?

Después de más de una década incentivando la participación de las familias en el sistema educativo, con el neoliberalismo creciente y las demandas de calidad, así como por los propios cambios en la subjetividad de la ciudadanía, las familias particularmente las nuevas «clases medias» empiezan a considerarse «clientes» de los servicios educativos, a los que ellas mismas demandan mayores funciones o, como suele decirse ahora, «calidad». En lugar de ciudadanos activos que -en conjunción con el profesorado- contribuyen a configurar el centro público que quieren para sus hijos, un amplio conjunto de padres y madres se consideran clientes que –como tales- se limitan a exigir servicios y a elegir el centro que más satisface sus preferencias, a los que demandan mayores funciones, enfrentándose al propio profesorado cuando no se adecua a lo demandado (Ballion, 1991; Pérez Díaz et al., 2001)4.

A esta lógica quiso responder la Ley de Calidad de la Educación (Escudero, 2002). Por esto, cuando los discursos sobre la calidad amenazan con diferenciar la oferta educativa substrayendo la educación de la esfera pública para situarla como un bien de consumo privado, se requiere reforzar la dimensión comunitaria y cívica de la escuela, revitalizando el modelo de gestión democrática de la educación, al tiempo que se articulan nuevas iniciativas y líneas de acción, en conjunción con las familias. Frente a la lógica neoliberal de elección de un producto ya elaborado, es preciso reafirmar la implicación, participación y responsabilidad directas de los agentes educativos (padres, alumnos y profesores) para hacer del centro un proyecto educativo. Como dice Anderson, cuando «los principios consumistas y orientados hacia el mercado amenazan con reemplazar a los de la participación democrática, es crítico entender mejor, no solamente que las formas de participación auténtica pueden constituir ciudadanos públicos más auténticos, sino también que este tipo de ciudadanos puede llevar a la creación de una sociedad democrática y socialmente justa».

De modo creciente, y especialmente en las clases medias y altas la educación está empezando a considerarse un servicio en el que se puede «invertir» dentro de este mundo competitivo (Torres). Por eso tal vez actualmente el debate escuela pública / privada ya no es, primariamente, ideológico. Antes el Estado competía con otros sectores –especialmente la Iglesia – por el control del proceso de socialización de la ciudadanía, pensando que la escuela pública transmite un modo de socialización sustancialmente diferente, secularizador e integrador. Ahora los ejes del debate se sitúan en otro plano: la eficacia en los modos de gestión, que obliga a descentralizar o «desregular» el sistema público.

En los últimos años, de los que ya se hacía eco la LOPEG (1995), estamos pasando de la participación en la gestión, a una autonomía de los centros que posibilite mecanismos de mercado (demanda y elección) para generar la calidad deseada. De este modo se pide a los centros escolares progresivamente que, en primer lugar, se doten y, después declaren públicamente los valores que van a promover como organizaciones, de modo que puedan servir de elemento diferenciador y necesario para la elección por los potenciales clientes. Se trata así de incrementar la autonomía de los centros, impeler a que tengan una personalidad propia, «desregular» la educación, dar a conocer los proyectos educativos para que elijan los potenciales clientes, y que sea la propia supervivencia en el mercado –más allá de reformas e innovaciones – el mecanismo generador de la calidad de enseñanza. Creo que esto también fuerza a situar el papel de las familias, al girar la participación en la gestión a la contribución activa en el diseño de la escuela que desean, si no quieren resignarse al papel de consumidores pasivos del producto que más les guste.

¿Cual es el papel de los padres/madres, en este contexto? Cabría, por una parte, en lugar de dar una orientación mercantil, retomar la autonomía concedida para convertir el centro escolar en lugar de expresión de los valores y preferencias de la propia comunidad local. La elección estaría basada en la implicación, participación y responsabilidad directas de los agentes educativos (padres, alumnos y profesores); no en la elección de un producto ya cerrado, sino en la concepción, planificación y diseño de cómo se quiere que sean las intenciones educativas. Desde un desarrollo del currículum basado en la escuela, la elección no consiste tanto en la capacidad del potencial consumidor de escoger entre varios productos, como en la capacidad para participar y contribuir a construir colegiadamente el centro y el tipo de educación deseado.

Extraído de:
Familia y escuela: dos mundos llamados a trabajar en común
Antonio Bolívar
Universidad de Granada
Re339.pdf http://www.revistaeducacion.mec.es/

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